lunes, 9 de enero de 2012

Tomar coca con dinero público, en España, es pecado venial.



Cuando allá por 1972, Nixon anunció, a bombo y platillo, una cruel y dura guerra contra la droga. Miltón Friedman se opuso rotundamente, hasta el punto de tachar a Nixon de inmoral e incoherente, aduciendo que desde el punto de vista ético, no se puede utilizar el estado para evitar que un individuo del colectivo se pueda convertir en alcohólico o drogadicto. SE basaba es Kant que decía: "obra de modo que utilices a la humanidad, tanto en tu persona como en el colectivo; la libertad del individuo, solo la determina la Ley moral. Ahora bien, si dejaba las puertas abiertas a un severo castigo cuando se tratase de manipuladores adultos y responsables, o sea, narcos sin dejar de castigar -un reza un padre nuestro- a los adictos potenciales, sino demuestran suficiente nivel económico para afrontar el coste de su adicción. Haciendo mucho hincapié en que había que hablarles de las consecuencias finales -El tabaco mata-
Mirta Mora (Argentina)
Llegaron a la conclusión de que había que buscar y utilizar topos, chivatos e informadores. En el comercio de drogas, el delito consiste en una transacción entre un comprador voluntario y un vendedor voluntario. Ninguno de los dos tiene un incentivo para denunciar la violación de la ley. Por el contrario, ambos tienen interés en que el delito no sea denunciado. Por eso es que se necesitan informadores. La utilización de informadores y las enormes sumas de dinero que están en juego inevitablemente generan corrupción. También llevan a violaciones de los derechos civiles de personas inocentes, a las vergonzosas prácticas de violación de domicilio y confiscación de la propiedad privada sin debido proceso. 2. Sobrecarga de las cárceles. En 1970, había encarceladas cerca de 200.000 personas. Hoy, hay 2.500.000 presos. Ocho veces más en términos absolutos, seis veces más teniendo en cuenta el aumento de la población. Además, hay 2.300.000 personas en libertad condicional y bajo palabra. El intento de prohibir las drogas es, por lejos, la principal causa del horrendo crecimiento de la población carcelaria. 3. Desproporcionado encarcelamiento de negros. Sher Hosonko, que en aquel momento era directora de los servicios de adicción de Connecticut, destacó este efecto de la prohibición de las drogas en junio de 1995: Hoy en este país encarcelamos a 3.109 hombres negros por cada 100.000 habitantes de esa raza. Para darles una idea de lo dramático de esta cifra, nuestro competidor más cercano en la encarcelación de negros es Sudáfrica. Sudáfrica -y me refiero al período anterior a Nelson Mandela y con una política abierta de apartheid- envió a la cárcel a 729 hombres negros por cada 100.000. En la tierra de la Declaración de Derechos, mandamos a prisión cuatro veces más hombres negros que el único país del mundo que anunció una política de apartheid. 4. Destrucción de los sectores centrales de las grandes ciudades. Los sectores superpoblados tienen una ventaja comparativa para la venta de drogas. Aunque la mayoría de los clientes no vive en estos sectores, sí lo hace la mayor parte de los vendedores. Los chicos y las chicas jóvenes ven a los dealers, jactanciosos y ricos, como modelos de vida. En comparación con el rédito que brinda una carrera tradicional de estudio y trabajo esforzado, las ganancias que se obtienen con el comercio de drogas son tentadoras para jóvenes y viejos por igual. Ninguno se ve disuadido por las balas que vuelan en las disputas entre los vendedores de drogas rivales -balas que vuelan únicamente porque el comercio de drogas es ilegal-.Daños y perjuicios5. Agravamiento del daño infligido a los consumidores. La prohibición hace que las drogas sean exorbitantemente caras y sumamente inseguras en cuanto a su calidad. El consumidor debe asociarse con delincuentes para obtener la droga, y muchos, a su vez, se ven impulsados a convertirse en delincuentes para financiar su adicción. Las jeringas, que son difíciles de obtener, a menudo se comparten, con el efecto predecible de propagar enfermedades. Finalmente, un adicto que busca tratamiento debe confesar ser un delincuente para estar en condiciones de acceder a un programa de tratamiento. La otra alternativa es que los profesionales que tratan a los adictos se conviertan en informantes o, a su vez, en delincuentes. 6. Tratamiento inadecuado del dolor crónico. El Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos ha elaborado informes que muestran que dos tercios de los enfermos terminales de cáncer no reciben medicación adecuada para el dolor, y las cifras son más altas en los enfermos no terminales. Este tratamiento tan inadecuado del dolor crónico es resultado directo de las presiones que ejerce la DEA (Drug Enforcemente Agency) sobre los médicos que recetan narcóticos. 7. Perjuicio para otros países. Nuestra política antidrogas ha provocado miles de muertes y una enorme pérdida de riqueza en países como Colombia, Perú y México, y ha minado la estabilidad de sus gobiernos. Y todo porque no podemos hacer cumplir las leyes en nuestro territorio. Si lo hiciéramos, no existiría mercado para las drogas importadas. Los otros países no tendrían que sufrir la pérdida de soberanía que significa permitir que nuestros asesores y tropas operen en su suelo, inspeccionen sus naves e impulsen a las fuerzas armadas locales a derribar sus aviones. Podrían administrar sus propios asuntos, y nosotros evitaríamos el desvío de las fuerzas militares de su función. ¿Hay alguna política, por bien intencionada que sea, que pueda ser moral si lleva a una corrupción generalizada, conduce a tantos a la cárcel, tiene un efecto tan racista, destruye los sectores centrales de las grandes ciudades, causa estragos en los individuos desencaminados o vulnerables y lleva muerte y destrucción a otros países?
Todos sabemos que se trata del "intento" de guerra caliente contra la cocaína; en corto, coca. Sustancia "cancerígena" que tanto nos ha entretenido el día, hoy, con la "pillada" del Director General de Trabajo de J.A. y su chófer que no, precisamente, es inmaculado. Ya pasó igual hace tres meses con otro chófer, el director de la ITVs de la Junta, confesando este que era consumidor habitual de droga dura. Me pregunto: ¿Hay que ser cocainómano, para ser chófer de la JA? ¿Tendrá relación estos hechos con la "falta" de 600 Kg de coca en la comisaría donde se estaba haciendo el seguimiento por la muerte de Marta del Castillo? En el PP, también son arduos consumidores de este estupefaciente, solo que en MI menor. Lo de menor, no es por la cantidad, sino por lo de menor importancia al hecho, ordenan silenciarlo.
Si por alguien lo siento es por el actual director general, Daniel Alberto, que nada tiene que ver en este lío, pero que con toda seguridad, la Juez Alaya, le molestará.
...............Y con dinero de los parados, ¡Manda huevos¡

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