El pacto feudal
El gobierno nacionalista ha demostrado con sus recortes en salud y educación y con la continuidad del gasto en construcción nacional e identidad cuáles son sus prioridades
Esta semana se han conmemorado los doscientos años de la aprobación de la Constitución de Cádiz en cuyo texto se suprimían los privilegios territoriales y de clase, convirtiendo a España en una nación dónde los derechos y obligaciones eran de los ciudadanos y no de los territorios.
Mientras, Artur Mas y compañía pretenden volver al pasado y bajo el mal llamado pacto fiscal llevarnos a un pacto de corte feudal entre territorios y no entre ciudadanos y estado. Según los nacionalistas, la forma de salir de la crisis es que la Generalitat se quede toda la recaudación de los ciudadanos que viven en Cataluña como si nuestra comunidad autónoma fuera un señorío, crear la hacienda pública catalana y salirse del régimen general de las comunidades autónomas. Es decir, CIU, lejos de denunciar el privilegio del cupo de origen carlista en Navarra y las tres provincias vascas, en vez de pedir su abolición para que la financiación autonómica sea más justa, quiere copiar esa rémora del antiguo régimen en pleno siglo XXI, al tiempo en el que la Unión Europea prepara un tratado para la unificación fiscal.
El gobierno nacionalista ha demostrado con sus recortes en salud y educación y con la continuidad del gasto en construcción nacional e identidad cuáles son sus prioridades. El pacto feudal de Mas solo pretende tener la llave de la caja para cambiar la cerradura y dar el paso hacia la separación política y la ruptura con el conjunto de España.
Lo más preocupante es el silencio cómplice de un PP que sólo actúa con la calculadora electoral y un PSOE-PSC con claro síndrome de Estocolmo, que hace de comparsa de los convergentes asumiendo el discurso del falso agravio contra Cataluña. Los dos partidos demuestran su cobardía política al defender la excepción territorial para Navarra y País Vasco en vez de pactar la derogación de este sistema injusto y obsoleto.
Si queremos volver a ser un país de ciudadanos libres e iguales no podemos seguir con privilegios territoriales y menos aún extenderlos por otras comunidades autónomas. Solo podremos garantizar la igualdad y la redistribución de riqueza propia de un estado contemporáneo con una hacienda común en la que participen todas las comunidades autónomas y los entes locales. No podemos ir en contra del signo de los tiempos.
Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos (C´s)
Mientras, Artur Mas y compañía pretenden volver al pasado y bajo el mal llamado pacto fiscal llevarnos a un pacto de corte feudal entre territorios y no entre ciudadanos y estado. Según los nacionalistas, la forma de salir de la crisis es que la Generalitat se quede toda la recaudación de los ciudadanos que viven en Cataluña como si nuestra comunidad autónoma fuera un señorío, crear la hacienda pública catalana y salirse del régimen general de las comunidades autónomas. Es decir, CIU, lejos de denunciar el privilegio del cupo de origen carlista en Navarra y las tres provincias vascas, en vez de pedir su abolición para que la financiación autonómica sea más justa, quiere copiar esa rémora del antiguo régimen en pleno siglo XXI, al tiempo en el que la Unión Europea prepara un tratado para la unificación fiscal.
El gobierno nacionalista ha demostrado con sus recortes en salud y educación y con la continuidad del gasto en construcción nacional e identidad cuáles son sus prioridades. El pacto feudal de Mas solo pretende tener la llave de la caja para cambiar la cerradura y dar el paso hacia la separación política y la ruptura con el conjunto de España.
Lo más preocupante es el silencio cómplice de un PP que sólo actúa con la calculadora electoral y un PSOE-PSC con claro síndrome de Estocolmo, que hace de comparsa de los convergentes asumiendo el discurso del falso agravio contra Cataluña. Los dos partidos demuestran su cobardía política al defender la excepción territorial para Navarra y País Vasco en vez de pactar la derogación de este sistema injusto y obsoleto.
Si queremos volver a ser un país de ciudadanos libres e iguales no podemos seguir con privilegios territoriales y menos aún extenderlos por otras comunidades autónomas. Solo podremos garantizar la igualdad y la redistribución de riqueza propia de un estado contemporáneo con una hacienda común en la que participen todas las comunidades autónomas y los entes locales. No podemos ir en contra del signo de los tiempos.
Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos (C´s)
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