Regreso al pasado

Mientras que Europa y sus estados miembros caminan hacia la unión, los próceres del separatismo político en Cataluña, están forzando la máquina en su intención de romper la unidad entre españoles

Hace muy pocos días, el lunes 19 de marzo, se han cumplido 200 años desde que las Cortes generales reunidas en Cádiz promulgaran la primera Constitución española. En 1812, en pleno fragor de la Guerra de la Independencia, los representantes de los territorios que conformaban  el Reino de España sancionaron la Constitución Política de la Monarquía Española cuyo principal objeto era el buen gobierno y la recta administración del Estado para conseguir la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, entendida como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Esta primera Constitución española fija como objeto del Gobierno “la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”, con forma de “Monarquía moderada hereditaria” de corte parlamentario ya que la “potestad de hacer las leyes reside en las Cortes (que las elabora y decreta) con el Rey (que las sanciona)”, afirma que “la soberanía reside esencialmente en la Nación” que “está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen” y establece quienes tienen la condición de españoles y de ciudadanos.

En estos términos, la Constitución de 1812 es un primer gran paso hacia la conformación de un Estado contemporáneo en España, rompiendo con el Antiguo Régimen y su división estamental, mermando considerablemente la representatividad y el poder político que durante el siglo XVIII tenían los estamentos privilegiados, la alta nobleza y el clero. Establece la división de poderes y la cesión de la soberanía de la Nación en una única cámara de representación, cuyos diputados se eligen por sufragio universal indirecto, fijando un sistema electoral y un procedimiento claro de renovación de las Cortes.

Siendo cronológicamente la tercera de las constituciones contemporáneas –si no consideramos como tal el Acta de Independencia de Venezuela de 1811–, tras la de los Estados Unidos de América (1787) y la de Francia (1791), la Constitución española de 1812 es marcadamente progresista y sirvió de referente a los movimientos liberales –el verdadero progresismo de la época– en Europa, principalmente en Italia y Alemania. Sus principios fundamentales, la soberanía nacional en el conjunto de los españoles, la división efectiva de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la articulación del derecho de representación para el ejercicio de la soberanía mediante diputados a Cortes generales elegidos por sufragio universal, hacen de ella un referente, un primer y marcado paso hacia la libertad, la igualdad y los derechos de ciudadanía de todos los españoles, por la que merece ser recordada, pese a su escasísimo período de vigencia.

La efeméride del 19 de marzo de 1812 tiene una importancia histórica de primer orden, en cuya gestación intervinieron veintidós diputados en representación de las Juntas de Cataluña, varios de los cuales tuvieron un papel destacadísimo, como Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, rector de la Universidad de Cervera y primer presidente de las Cortes constituyentes; o el también conservador Jaume Creus i Martí, sacerdote tradicionalista que formó parte de la junta especial de inspección que daría el visto bueno al Proyecto de Constitución; o el clérigo liberal Josep Espiga i Gadea que junto al barcelonés, militar y filósofo Antoni de Capmany i Montpalau apoyó fervientemente el concepto de Nación española y entendía su participación en representación de todos los que la conforman y no sólo en el de las Juntas regionales en las que fueron electos. Sin embargo, en Cataluña ha pasado absolutamente desapercibida, salvo por los dos actos conmemorativos organizados por Ciudadanos en Barcelona, el día 19, y en Sabadell el día 20 de marzo. Ningún otro partido político ha movido lo más mínimo para conmemorar la efeméride como se merece.

Este hecho no sería especialmente preocupante si no estuviéramos viviendo durante los últimos años y de forma muy especial en los últimos meses y semanas, un intento continuado de regreso al pasado por parte de los partidos políticos que conforman el estamento que comprende la Cataluña oficial, la que está instalada en un régimen político cuyas referencias siguen ancladas en el corazón del Antiguo Régimen y cuya principal aspiración pasa tanto por romper la soberanía nacional, que la vigente Constitución Española nos otorga y garantiza, como por conseguir el concierto económico a imagen y semejanza de los derechos forales de las diputaciones vascas y de Navarra, cuyo origen antecede a nuestra primera Carta Magna  que no los contemplaba y creaba una hacienda única del Estado– y que se arraigaron en la España del siglo XIX en las guerras civiles ocasionadas por el carlismo.

Mientras que Europa y sus estados miembros caminan hacia la unión en lo político y, sobre todo, en lo fiscal, los próceres del separatismo político en Cataluña, encabezados por el Muy Honorable Presidente de la Generalidad Artur Mas, lejos de defender los derechos individuales proclamados por nuestra vigente Carta Magna y sancionados por diversas sentencias de los más altos tribunales, dejando en la cuneta la división de poderes, están forzando la máquina en su intención de romper la unidad entre españoles, levantando fronteras y acogiéndose a supuestos derechos territoriales y políticos firmemente enraizados en l’Ancien Régime. En el caso del Sr. Mas puede ser comprensible, ya que con seguridad habrá leído a Charles Maurice de Talleyrand y recordará aquello de “ceux qui n'ont pas connu l'Ancien Régime ne pourront jamais savoir ce qu'était la douceur de vivre”.

 

Matías Alonso, secretario general de C’s