CiU y PP limitan la transparencia de las fundaciones pese al ‘caso Palau’
Los nacionalistas
rechazan que se garantice el acceso al registro de entidades
Convergència Democràtica de Catalunya se quejó amargamente en su día de
que, en pleno estallido del caso del Palau de la Música, aparecieran en los
medios de comunicación todo tipo de detalles de las cuentas de la Fundación
Trias Fargas, hoy rebautizada como Catdem, una de las principales fuentes
ideológicas del partido de Artur Mas. En estas cuentas se probaba que la
entidad nacionalista había recibido hasta 630.000 euros del Palau de la Música y
quedaba claro que muchas empresas favorecidas con contratos por los Gobiernos
de Jordi Pujol habían correspondido inmediatamente con generosas contribuciones
económicas a la fundación del partido. Esta información llegó a la opinión
pública en parte porque desde 2008 las cuentas y memorias de actividades de las
fundaciones están a disposición de cualquier ciudadano que las solicite en el
registro del Protectorado de Fundaciones.
Esta garantía de transparencia podría desaparecer en breve. Así lo plantea
Convergència i Unió, con sus enmiendas al texto de la proposición de ley que
debe regir el Protectorado de Fundaciones. Entre muchas enmiendas que buscan
limitar el poder de inspección y de sanción del órgano que vela por el buen
gobierno de las fundaciones, los nacionalistas piden que se suprima
directamente el artículo que garantiza el acceso público al registro de estas
entidades. Según fuentes parlamentarias, en caso de que acabe prosperando esta
enmienda, el acceso a las cuentas, los balances y la memoria de actividad de
las fundaciones volvería a quedar sometido a la arbitrariedad de la autoridad
de turno.
En la proposición de ley inicial, idéntica a la que quedó pendiente de aprobación
la pasada legislatura, presentada por el Partit dels Socialistes, quedaba
abierta la posibilidad de que la publicidad de las cuentas se suspendiera por
un periodo de hasta dos meses en caso de apertura de investigación sobre la
entidad. Los nacionalistas piden también que se levante ese límite y se
suspenda esa publicidad “hasta que concluya la investigación”.
Estas medidas de CiU no son las únicas que limitan la transparencia en la
gestión de las fundaciones. Los nacionalistas plantean que el Protectorado de
Fundaciones, previsto en el libro tercero del
Código Civil catalán, tenga menos libertad de movimientos a la hora
de inspeccionar a las fundaciones.
Concretamente, plantea que las inspecciones o la petición de auditorías
externas se limiten a situaciones muy concretas planteadas en el Código Civil y
no cuando haya simples sospechas de irregularidades. Los nacionalistas
coinciden con el PP en rechazar que el Protectorado de Fundaciones inste la
intervención temporal de las fundaciones sospechosas de actuar de manera no
conforme a la legalidad.
Los nacionalistas de CiU
justifican sus enmiendas con el argumento de que buscan un marco regulador que
interfiera lo menos posible la normal actividad de las fundaciones y minimice
la burocracia. Efectivamente, algunas medidas van en este sentido, como la
petición de que las fundaciones puedan presentar sus cuentas anuales en formato
electrónico, pero otras difícilmente se justifican por este principio. Por
ejemplo, el texto base prevé que las entidades hagan público cada año lo que se
denomina “balance social”, un documento que justifique la existencia de la
fundación basándose en la actividad realizada y el ajuste de esta a los
objetivos fundacionales. Tanto CiU como el PP han entrado sendas enmiendas para
evitar que se tenga que presentar este balance social. Los nacionalistas
también rechazan que el órgano haga pública cada año una lista con las
fundaciones que no presenten sus cuentas a la Administración. Al mismo tiempo,
buscan poner coto a las sanciones.
¡¡¡VIVA LA TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA!!!
EL PAÍS CATALUÑA.
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