Rousseau |
No es nada nuevo para ser español, lo que si es cierto que es de notoria actualidad con motivo de las pasadas elecciones legislativas. Se trata de la duplicidad de cargos, entre representantes locales (alcaldes) y diputados en el congreso. Según los datos que se han publicado recientemente el número de alcaldes, presidentes de diputación y concejales en el Parlamento ha aumentado de manera considerable en esta legislatura. En Cualquier país comunitario a excepción de Francia, donde son profesionales, esta práctica está prohibida o acogida con grandes limitaciones, por descontado, no tienen doble sueldo y tienen que superar el principio de igualdad, méritos y capacidad.
En España pueden tener representación hasta en 4 cámaras diferentes y no tener ni el graduado escolar. Si hay 19 casos que ejemplarizan lo anteriormente dicho. Por poner un ejemplo de 42 candidatos (Con representación) que optaron a representar a Almería en Andalucía o Madrid, solo 4 tienen carrera universitaria de grado superior y 27 desempeñan otros cargos institucionales.
¿Qué puede decirse a la vista de nuestra realidad? A su favor se esgrime siempre la experiencia de los cargos locales para influir en las tareas legislativas de los parlamentos y también los efectos positivos que su presencia en el seno de otras instituciones representativas puede tener. No son desde luego argumentos desdeñables máxime cuando la relevancia y el peso de las entidades locales disminuye, empujadas por la prevalencia de otros espacios que ostentan más poder, más competencias etc. No es malo si se piensa que, a la hora de tramitar un proyecto de ley, el alcalde de un municipio pueda intervenir con sus saberes para modificar o corregir tal o cual enfoque. Sería una forma de asegurar la participación local en las esferas estatales, una preocupación constante a la que se trata de hacer frente desde diversos instrumentos legalmente previstos: así, por ejemplo, las Comisiones interadministrativas acogidas en la legislación de régimen local. O las Asociaciones de entes locales que hacen de “grupo de presión” frente a las iniciativas legislativas de las Cámaras, incluidas las de cuentas.
Todo lo dicho para nada son malos argumentos. Sin embargo soy contrario a esta acumulación de mandatos por una razón básica: el trabajo del cargo local -cuando se ejerce con responsabilidad y sentido de la importancia de la cosa pública que se lleva entre manos- es lo suficientemente agobiante como para permitir excursiones en otros ámbitos públicos. Y lo mismo se puede decir del trabajo parlamentario, descompuesto en la actuación en varios frentes, el de las intervenciones en los plenos, en las comisiones, en la presentación de enmiendas, en la atención a los electores del distrito correspondiente, en el despacho de una correspondencia agobiante etc, etc.
No hay duda de que por muy listo que sea el acaparador, la capacidad de trabajo, la destreza del alcalde o del diputado, su permanencia en la escena pública con las dos caras que se atribuyen a sus brujerías, no es garantía fiable de seriedad, ni de constancia productiva en el desempeño de sus funciones. Mucho más si tenemos en cuenta sus limitaciones académicas y falta alta experiencia en la administración.
Charles Dickens. |
Cualquier Parlamentario “de los de bien”, no podría ni imaginar lo que sería tener que atender una alcaldía o una concejalía y a su vez la farragosa actividad de alcalde. Sin embargo, conozco algún diputado europeo que es a la vez alcalde de un pueblo que todavía no me ha sabido responderme satisfactoriamente cómo puede afrontar las dos responsabilidades.
En el mundo del arte estas dualidades son posibles y tengo entre mis iconos a dos personajes que fueron grandes pintores y grandes escritores a un tiempo. Me refiero a José Gutiérrez Solana y a Santiago Rusiñol, magníficas plumas a quienes merece la pena leer, y pintores cuya obra no ha perdido su permanente actualidad. Por eso son artistas.
Platón unía la ética al conocimiento y a la felicidad, casi como unidades inseparables, muchos años después, el filósofo francés Jacques Rousseau, elaboró su famoso “contrato social” que inspiró las formas democráticas de gobierno para buscar solución a los problemas educativos, de salud, de vivienda y para corregir los desniveles económicos en los pueblos. Según Rousseau, para poder acometer la solución de esos problemas, es necesario un carácter social, osea, una ética social plena, saludable y difundida.
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