¿Por qué los políticos de la Generalitat, estos y los anteriores, amañan la concesión de farmacias?

¿Por qué los políticos de la Generalitat, estos y los anteriores, amañan la concesión de farmacias?
No hay, a fecha de hoy, ningún sector que escape a la regulación del Estado. El sector de las oficinas de farmacia, tampoco. Las regulaciones, en sí mismas, no son perniciosas, sino que dependerá de la ratio legis, de la finalidad teleológica que el legislador persiga con la regulación. El caso de la regulación del sector de venta de medicamentos al por menor, es un caso paradigmático de regulación en beneficio, no del interés general, sino del interés de los supuestamente regulados, es decir, de los farmacéuticos propietarios de oficinas de farmacia. (Razones de la regulación amañada).
Actualmente en España hay abiertas 21.600 oficinas de farmacia, seiscientas de las cuales lo están en la Comunidad Foral de Navarra, para dar servicio a una población de seiscientas mil personas. Aproximadamente, a una farmacia para cada mil personas en Navarra y una farmacia para cada dos mil trescientas personas en el resto de España. En números redondos, en Navarra hay el doble de farmacias por habitante que en el resto de España. Dicho de otro modo. En Navarra, el número de farmacéuticos EMPLEADOS EN SU PROPIA FARMACIA, es porcentualmente, el doble que en el resto del Estado. Y la atención farmacéutica que generan, el doble de personalizada toda vez que “les corresponde” la mitad de pacientes que atender. De igual modo, también en Navarra existe el doble de personal auxiliar tanto en oficinas de farmacia, como en distribución mayorista de medicamentos. Es decir, en Navarra el sector da trabajo al doble de personas, en términos porcentuales.

Ello es así merced a la Ley Foral 12/2000 de 16 de noviembre de Atención Farmacéutica Navarra, más conocida por “Ley Cervera”, en honor de su promotor, D. Santiago Cervera Soto, a la sazón Consejero de Sanidad del Gobierno Navarro y en la actualidad, Presidente del PP de Navarra. Cervera se dio cuenta de varios factores y los puso en relación. En primer lugar, observó que 24 de las casi 300 farmacias que había en el año 2000 en Navarra, estaban pendientes de resoluciones judiciales para su apertura por oposición de los ejercientes anteriores. Segundo, constató la gran cantidad de pequeños pueblos que carecían de farmacia. Tercero, SE HIZO ECO DE LAS DEMANDAS DE MUCHOS LICENCIADOS Y DOCTORES EN FARMACIA QUE QUERÍAN TRABAJAR y que no podían hacerlo porque el sistema que hasta entonces regía en Navarra, era sustancialmente igual al que sigue imperando en el resto de España a fecha de hoy. Con estos parámetros en la mano, Cervera se propuso articular un sistema que GARANTIZARA FARMACIAS A LOS PACIENTES, Y NO PACIENTES A LAS FARMACIAS, que es lo que sigue ocurriendo en el resto del Estado. De ese modo, encargó un estudio de viabilidad económica de las farmacias que demostró que una farmacia era (sólo con los datos de facturación al servicio público de salud) viable con sólo dar servicio a setecientos habitantes, es decir, la tercera parte de la media nacional española. A partir de ahí, Y CON NO POCA OPOSICIÓN DE LOS EJERCIENTES DE LA ÉPOCA, articuló una sencilla pero contundente Ley, que permitía la apertura de farmacias de forma libre aunque sujeta a ciertas limitaciones, dentro de los parámetros de 700 habitantes por farmacia, tomados en consideración, no pueblo a pueblo, sino en cómputo total sobre la población navarra. El resultado fue que en siete años se duplicó el número de farmacias. De 300 se pasó a 600. Dos de cada tres nuevas farmacias, fueron abiertas en entornos estrictamente rurales. Ningún navarro vio resentida su salud, antes bien, muchos tuvieron a su alcance la farmacia de que nunca anteriormente dispusieron. SE DUPLICÓ EL NÚMERO DE FARMACIAS, Y SE DUPLICÓ EL EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR.

Tras ello, miles de farmacéuticos del resto de España, instaron a las autoridades europeas que mediaran en el establecimiento de un régimen similar al navarro para el resto del Estado. Así, en 2005, la Comisaría de Mercado Interior y Servicios ( CMIS ) de la Comisión Europea, envió una carta de emplazamiento al gobierno español advirtiéndole de que, en base a la experiencia navarra, la regulación española era excesiva en relación al fin que confesaba garantizar. El Gobierno respondió a tal carta de emplazamiento aunque ese documento permanece secreto. Nadie ha tenido que se sepa, acceso a él. En 2006, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España a través del conocido como Dictamen Motivado, que ponía el régimen Navarro como ejemplo de restricción mínima aceptable y como más idóneo para la creación de empleo. Tras una Sentencia del TJCE en que el abogado general (fiscal) resultó ser esposo y padrastro de una farmacéutica propietaria en Francia, el asunto ha quedado solventado en sede judicial por el momento. A fecha de hoy, el Dictamen sigue abierto, España cuenta con más de 40.000 farmacéuticos que no pueden ejercer su profesión, y subsiste una casta de privilegiados que, por encima del bien y del mal, se apropian en exclusiva de todo el montante de la factura farmacéutica de la administración sanitaria.
Partido Popular y Partido Socialista, en connivencia evidente con los actuales ejercientes, negocian el mantenimiento del oligopolio a cambio del pago de un impuesto directo y progresivo al beneficio de las farmacias, antes del IRPF. Ese impuesto se llama “aportación por volumen de facturación”, y quedó explicitado en el RD 5/2000 (Siendo Ministra de Sanidad Celia Villalobos y de Hacienda Rodrigo Rato), y recientemente ha sido redefinido en virtud de los RRDDLL 4/2010 y 8/2010).
De modo que hay muchas barriadas que por su expansión están cuatro veces más poblada que el pueblo y no tienen otra opción para tener farmacia que algún político se apiada de ellos y conceda un botiquín de farmacia que no es más que una 2ª farmacia que se le asigna a una farmacéutico titular de la farmacia principal, mientras decenas de miles de licenciados y doctores en Farmacia, no tienen ni farmacia principal, ni botiquín.
O una 2ª farmacia que abre mientras dura el correo de recetas y que nunca está de guardia.
Cabe otra opción, a muchas barriadas, que pedir la segregación del pueblo, lo que conllevaría la instalación de una farmacia, más servicios sanitarios, oficina de correos, oficina de desempleo, médico de guardia, etc. No, no me entra en la cabeza que donde debería ir uno, tenga que ir cuatro y no, precisamente, gozan de una salud envidiable quienes visitan la farmacia. Ya estoy lo suficientemente indignado como para, además, ser incomprendido.
¡¡Ay¡¡ cuando les va a entrar en la cabeza a los generosos de la Generalitat que estamos en el siglo XXI y socios, aunque pobres, de la UE.
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